AMLO y el largo camino hacia la justicia salarial

Por Javier Buenrostro

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está aplicando profundos cambios en la estructura salarial de la sociedad mexicana. El aumento salarial para los más desfavorecidos es uno de los más importantes de los últimos tiempos. La recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores es una de las batallas centrales del gobierno progresista mexicano. 

Durante la última semana de diciembre, el Congreso mexicano aprobó con pequeñas modificaciones el paquete económico que envió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para 2019. Al ser un gobierno identificado con causas progresistas, existía una alta expectativa en los ámbitos nacional e internacional por conocer el enfoque que tendría el presupuesto y en qué se diferenciaría de ejercicios anteriores. En el plano macroeconómico se percibe el interés de manejarse dentro de la ortodoxia económica para mantener las finanzas públicas sanas y responsables. No hay aumento de la deuda pública y, en cambio, se respetarán los compromisos de pago de intereses, una pesada herencia de las administraciones anteriores. La proyección de la inflación se calcula en tasas menores a las de 2018, mientras que el crecimiento económico se prevé alrededor de 2%. En términos generales, no se alteran los principales indicadores de la economía nacional.

Entonces, ¿en dónde o en qué radican los cambios que hará el nuevo gobierno? AMLO ha empezado por cumplir sus compromisos de campaña de implementar la austeridad en la administración pública y combatir la corrupción que se encuentra enquistada en ella en varios niveles. En cuanto a la austeridad, se han revisado las estructuras gubernamentales para evitar duplicidades en las funciones y para lograr más eficiencia en la organización. También se prescinde de las centenas de asesores que tenían los mandos superiores, cargos que funcionaban en la realidad como refugio laboral de amigos y familiares de la clase política. Para luchar contra la corrupción, se busca poner en marcha un programa de compras consolidadas, algo que es común en los gobiernos europeos pero que en México no se había hecho, precisamente porque no había interés en las administraciones anteriores de combatir la corrupción gubernamental.

También se modificó la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, para disminuir los altísimos salarios que había en la jerarquía superior de la administración pública. «No puede haber gobierno rico con pueblo pobre» es lo que ha repetido incansablemente AMLO. Ahora, ya en el ejercicio del poder, ha actuado congruentemente al realizar ajustes y aplicar una reducción de 60% al sueldo del presidente y sus principales colaboradores. AMLO ha propuesto que el presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000 dólares) y pone un techo para que ningún servidor público perciba más que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios y jueces del Poder Judicial, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales, lo han considerado un límite ofensivo. Hablan de derechos adquiridos donde lo que hay en realidad son privilegios que ayudan a reproducir las desigualdades históricas que hay en México.

Ante la oposición de estos sectores conservadores que pretenden mantener un régimen de privilegios, AMLO ha señalado y profundizado en la concepción de la responsabilidad y el honor que debería significar trabajar en la administración pública, poniendo énfasis en la diferencia que existe entre ser un funcionario y un servidor ciudadano. El servicio público debe ser una vocación y no un camino para el enriquecimiento personal, por lo que el presidente mexicano hace eco de lo que mencionaba José «Pepe Mujica durante su mandato en Uruguay: el político o funcionario que quiera hacer plata está en su derecho, pero para eso el lugar indicado es la iniciativa privada y no el servicio público.

Como complemento a la reducción de salarios en los mandos superiores, se realizó un aumento de 16% en el salario mínimo a escala nacional, con excepción de la zona fronteriza norte, donde por sus características particulares se decidió duplicar el ingreso en el área colindante con Estados Unidos. Estos incrementos salariales se convirtieron en los más significativos que ha experimentado el sueldo de los trabajadores en tres décadas. El ajuste era más que necesario, dado que México tiene uno de los peores salarios a escala continental, con un ingreso mensual de apenas alrededor de 130 dólares, una cantidad que no permite estar ni siquiera en los niveles mínimos de bienestar.

La propuesta del gobierno de AMLO se consensuó con las organizaciones empresariales para que no se diera de manera unilateral y para aminorar las resistencias contrarias a ella. El presidente mexicano afirmó que el aumento es «un acto de conciliación, de acuerdo, de madurez política, un acto que da confianza para mejorar las condiciones sociales y laborales en el país». Se busca que la medida sea la primera de una serie de acciones enfocadas en que los trabajadores recuperen parte de su poder adquisitivo, que se vio mermado en 60% o 70% durante la etapa neoliberal.

El reto del gobierno obradorista será transitar de un salario que se encuentra por debajo de la línea de las necesidades básicas a un salario digno que pueda garantizar un piso de bienestar mínimo para las familias mexicanas. En esto parece estar de acuerdo la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que señala que la meta inicial deberá ser alcanzar un salario mínimo de 218 pesos diarios para 2021, y que aspira a que para 2022 se ubique en 240 pesos diarios (alrededor de 300 dólares mensuales). Esto significaría recuperar parte de lo perdido en los últimos 40 años.

La hoja de ruta que ha trazado AMLO va de la mano de las organizaciones sindicales y empresariales en el diseño de una nueva cultura salarial para beneficiar a 44,6% de la fuerza laboral en México que es la que percibe hasta dos salarios mínimos. A pesar de lo apremiante que es que el trabajador mexicano recupere un salario digno, la nueva administración sabe que los aumentos no pueden darse por decreto, sino que deben realizarse de manera paulatina, porque de lo contrario se podría generar un clima de inestabilidad política y económica que podría influir negativamente en la inflación que hoy se tiene controlada. 

Además del histórico incremento salarial, el presupuesto aprobado contempla un sustancial aumento para la Secretaría de Bienestar y para la Secretaría del Trabajo. Ambas tendrán a su cargo la implementación de programas emblemáticos del gobierno, como la pensión universal para adultos mayores, el lanzamiento y funcionamiento de cooperativas y créditos sociales, y el programa de empleos y becas de capacitación para 300.000 jóvenes. Conciliando la urgencia de las demandas con la responsabilidad de mantener estables los indicadores macroeconómicos, AMLO intenta, con la austeridad gubernamental y un combate frontal contra la corrupción, cumplir con la principal promesa de campaña: «por el bien de todos, primero los pobres». 

Con apenas un mes de gobierno, AMLO parece estar sentando las bases para completar una transición democrática y que la alternancia en el poder no signifique un simple cambio de emblema o de administración, sino que se convierta en un verdadero cambio de régimen. El proceso parece haberse iniciado con el pie derecho, aunque todavía falta un largo camino por recorrer. 

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