Veintinueve argentinos fueron condenados a cadena perpetua en el juicio por los ‘vuelos de la muerte’

Familiares de personas que desaparecieron durante la dictadura militar argentina hicieron acto de presencia durante la sentencia en Buenos Aires, el miércoles. Credit Javier González Toledo / Agence France-Presse

Por Daniel Politi y Ernesto Londoño

BUENOS AIRES — Los jueces a cargo de la causa de derechos humanos más importante de Argentina condenaron a cadena perpetua a 29 de los acusados, en un juicio que documentó la práctica generalizada de la última dictadura militar de matar a civiles arrojándolos de aviones en pleno vuelo.

“Este es un momento feliz en la larga lucha por la justicia que se ha mantenido durante décadas”, dijo Víctor Basterra, de 73 años y quien fuera un preso político que estuvo confinado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), eje central del caso. “Siempre es satisfactorio verlos sentenciados a cadenas perpetuas”.

La sentencia coronó el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para responsabilizar a los exlíderes militares por los abusos cometidos durante los años setenta y ochenta, cuando varios países latinoamericanos fueron gobernados por juntas militares derechistas. Los fiscales juzgaron a 54 militares argentinos por la muerte o desaparición forzada de 789 personas y presentaron los testimonios de más de 800 testigos.

El tribunal absolvió a seis acusados, incluidos un par de pilotos, y condenó al resto a penas de prisión que oscilaron entre los ocho y veinticinco años. Cuando concluyó la audiencia, que duró cuatro horas, los acusados evitaron mirar a quienes fueron presos políticos y familiares de los asesinados, que estaban parados al fondo de la sala.

Algunas personas presentes en el tribunal portaban fotografías de sus seres queridos. “Asesinos, violadores”, gritaban las víctimas, tocando un panel de vidrio que los separaba de los acusados. “¡Vas a ir a la cárcel!”, exclamó triunfante una mujer mayor.

El juicio de cinco años puso de relieve la tortura sistemática y el asesinato de miles de personas sospechadas de oponerse al gobierno militar. Fueron recluidos en un centro clandestino de detención ubicado en una base naval de Buenos Aires por orden de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

En una serie de audiencias, los testigos relataron con detalles escalofriantes cómo los ciudadanos fueron drogados, cargados en aviones y arrojados a las aguas frente a la costa de Buenos Aires. Si bien esta práctica se conoce desde hace mucho tiempo, los fiscales lograron hacer una referencia cruzada de testimonios y documentos para detallar cómo se realizó una de las tácticas más atroces de la dictadura argentina.

Los exoficiales navales Jorge Eduardo Acosta, a la izquierda, y Alfredo Astiz, segundo desde la izquierda, durante su sentencia que fue emitida el miércoles. CreditVictor R. Caivano / Associated Press

El juicio también esclareció la complicidad de la Iglesia católica en los crímenes de la junta. Ningún miembro del clero fue acusado en el juicio, pero los fiscales alegaron que los religiosos fueron cómplices en la ocultación de los detenidos ante la presencia de los inspectores internacionales de derechos humanos.

“Estamos muy satisfechos con el veredicto”, dijo Abel Córdoba, un fiscal. “Creemos que esta es una decisión justa que demostró la metodología de los vuelos de la muerte como una forma de exterminio”.

De todos los centros secretos de detención que por ese entonces existían en Argentina, el más infame estaba ubicado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA. Según los testimonios, unas 5000 personas fueron detenidas y torturadas en la base, que ahora es un monumento a los derechos humanos.

Algunos de los acusados ​​en el caso eran los exoficiales navales Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Jorge Acosta, quienes ya cumplían sentencias por condenas anteriores.

El veredicto se produjo cuando las organizaciones de derechos humanos argentinas cuestionan el compromiso del presidente Mauricio Macri con el ajuste de cuentas legal por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo defendido por su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.

Macri se ha esforzado por enfatizar su apoyo a los casos judiciales. Sin embargo, los activistas dicen que su gobierno ha enviado señales contradictorias al desmantelar los departamentos de derechos humanos de los ministerios; cuestionar la estimación del número de víctimas de la dictadura, y enfatizar en la necesidad de que Argentina pase la página de ese capítulo de su historia.

Córdoba dijo que confiaba en que la política cambiante del país no obstaculizará la búsqueda de justicia en muchos casos aún pendientes por violaciones a los derechos humanos. “Creemos que es importante que los tribunales continúen enviando un mensaje sobre los crímenes de lesa humanidad”, dijo el miércoles por la noche.

Argentina ha hecho más que cualquiera de sus vecinos para castigar a los responsables por los crímenes cometidos durante el gobierno militar. Hasta el mes pasado, 818 personas habían sido condenadas y 754 acusados estaban siendo enjuiciados en casos en el país, según la oficina del fiscal general.

Durante mucho tiempo, la junta argentina ha sido considerada como la más despiadada de la época, ya que detuvo, torturó y asesinó a unas 30.000 personas que calificó de “subversivas”. Además de asesinar a personas sospechosas de ser disidentes, los oficiales militares secuestraron a cientos de bebés que fueron criados por familias leales al gobierno.

 Daniel Politi reportó desde Buenos Aires y Ernesto Londoño desde Río de Janeiro.

29 Argentines Sentenced to Life in Prison in ‘Death Flights’ TrialPor

 

Relatives of people who disappeared during the Argentine military dictatorship appeared at the sentencing in Buenos Aires on Wednesday. Credit Javier Gonzalez Toledo/Agence France-Presse

Por Daniel Politi y Ernesto Londoño

BUENOS AIRES — Judges overseeing Argentina’s most high-profile human rights trial sentenced 29 former officials to life in prison on Wednesday, in a case that documented the former military dictatorship’s widespread practice of killing civilians by throwing them from aircraft.

“This is a happy moment in the long fight for justice that has been going on for decades,” said Victor Basterra, 73, a former political prisoner held at the notorious naval base in Buenos Aires that was at the heart of the case. “It’s always satisfying to watch them get life sentences.”

The verdict capped the most ambitious effort to date to hold former military leaders accountable for abuses committed during the 1970s and 1980s, when several Latin American countries were ruled by right-wing military juntas. Prosecutors tried 54 former Argentine officials in the deaths or forced disappearances of 789 people, and presented testimony from more than 800 witnesses.

The court acquitted six defendants, including a couple of pilots, and sentenced the rest to prison terms that ranged from eight to 25 years. As the four-hour sentencing hearing concluded, the defendants avoided looking at former political prisoners and relatives of those who were killed, who were standing in the back of the courtroom.

Some in the gallery held photographs of their loved ones. “Murderers, rapists,” victims yelled, tapping on a glass panel that separated them from the defendants. “You’re going to jail!” an older woman exclaimed triumphantly.

The five-year trial put a spotlight on the systematic torture and killing of thousands of people suspected of being opponents of the military government. They were held in a clandestine detention center at a naval base in Buenos Aires on the orders of the junta that ruled Argentina from 1976 to 1983.

In a series of hearings, witnesses recounted in chilling detail how civilians were drugged, loaded onto aircraft and dumped into the waters off the coast of Buenos Aires. While the practice has long been known, prosecutors managed to cross-reference testimony and documents to detail how one of the most egregious tactics of Argentina’s dictatorship was carried out.

The former naval officers Jorge Eduardo Acosta, left, and Alfredo Astiz, second from left, at their sentencing on Wednesday. CreditVictor R. Caivano/Associated Press

The trial also shone light on the complicity of the Roman Catholic Church in the junta’s crimes. No member of the clergy was accused in the trial, but prosecutors alleged that church officials were complicit in hiding detainees from international human rights inspectors.

“We are very satisfied with the verdict,” said Abel Córdoba, a prosecutor. “We think this is a fair decision that proved the methodology of death flights as a way of extermination.”

Of all the secret detention centers in Argentina at the time, the most infamous was at the Higher School of Mechanics of the Navy, known as the ESMA, its acronym in Spanish. According to testimony, an estimated 5,000 people were detained and tortured at the base, which is now a human rights memorial.

High-profile defendants in the case included former naval officers Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo and Jorge Acosta, who were already serving sentences for previous convictions.

The verdict comes as Argentine human rights organizations are questioning President Mauricio Macri’s commitment to the legal reckoning of the human rights abuses committed during the dictatorship, an effort that was championed by his predecessor, Cristina Fernández de Kirchner.

Mr. Macri has taken pains to emphasize his support for the cases. Yet activists say his administration has sent mixed signals by dismantling human rights departments in ministries; by questioning whether the often-cited estimate of victims from that era has been overstated; and by emphasizing the need for Argentina to turn the page on that dark chapter of its history.

Mr. Córdoba said he was hopeful the country’s shifting politics would not stymie the pursuit of justice in scores of pending human rights cases. “We think it’s important for the courts to continue sending a message regarding crimes against humanity,” he said Wednesday night.

Argentina has done more than any of its neighbors to punish people for crimes committed during the era of military rule. As of last month, 818 people had been convicted and 754 defendants were on trial in Argentine court cases, according to the attorney general’s office.

Argentina’s junta has long been regarded as the most ruthless of the era, having detained, tortured and killed as many as 30,000 people it deemed “subversive.” In addition to killing people suspected of being dissidents, military officials kidnapped hundreds of babies who were then reared by families loyal to the government.