Guatemaltecos luchan porque exista una ley de aguas para garantizar la vida

Guatemaltecos luchan porque exista una ley de aguas para garantizar la vida

 

Por Dennis Orlando Escobar Galicia

Guatemala es un territorio rico en recurso hídrico, no obstante es uno de los pocos países latinoamericanos que no posee una normativa del uso del agua y mucha gente no tiene agua potable.

De esa cuenta en algunos lugares los cauces de los ríos son desviados para beneficiar cultivos de exportación de la oligarquía terrateniente o las aguas son utilizadas como vertederos y contaminadas con residuos industriales. Además muchas poblaciones no cuentan con agua para el consumo ni para la producción de alimentos.

En los últimos años la mayoría de guatemaltecos, ya cansados de tanta miseria por la falta de suficiente agua potable y por la inequidad de su uso, han realizado una serie de acciones para que el vital líquido sea un derecho humano y porque se promulgue una «Ley de Aguas».

En el 2016 se llevó a cabo una multitudinaria Marcha del Agua. Desde las diferentes regiones de Guatemala se organizaron grupos de manifestantes para marchar a ciudad de Guatemala y exigir a los tres organismos del Estado guatemalteco (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) la promulgación de una ley que garantice el derecho humano al agua potable y porque se sancione a quienes contaminan los cuerpos de agua o los utilicen en beneficio comercial.

Los manifestantes de la Marcha por el Agua también se dirigieron a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para exigir que cumpla con el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de que dicho apartado le asigna la responsabilidad de contribuir a la solución de los problemas nacionales.

En respuesta a las demandas de la población guatemalteca y de su Asamblea Social y Popular, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC conformó una comisión multidisciplinaria para realizar los Diálogos por el Agua con el propósito de presentar al Estado guatemalteco el sentir de la población sobre la problemática del agua, así como recomendaciones consensuadas en relación a la gobernanza del agua y la promulgación de una ley de aguas.

Los Diálogos del Agua se realizaron a finales de 2016 en todos los departamentos de la República de Guatemala, participaron aproximadamente dos mil personas en representación de 17 sectores: diputados, instituciones gubernamentales, empresas privadas, academia, asociaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, grupos de mujeres, iglesias y organizaciones de la sociedad civil local. Las actividades fueron coordinadas por la USAC y se llevaron a cabo en las sedes de los centros universitarios de dicha universidad.

Entre las principales conclusiones presentadas está la identificación de 29 problemas de la conflictividad del recurso hídrico, siendo los más comunes:   el alto grado de contaminación de los ríos y cuerpos de agua del país, la existencia de comunidades sin agua, incumplimiento de normas del uso del agua, y la privatización del recurso hídrico.

También se identificaron 53 causas de la problemática en relación al agua, siendo las más frecuentes: falta de educación y conciencia ambiental, falta de cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, incremento de la tala de árboles y de incendios forestales, deficiente manejo de las cuencas hidrográficas.

En todos los diálogos se expresaron a favor de una ley de aguas que sea de beneficio para toda la población y para que contribuya al desarrollo y al manejo sostenible de los recursos naturales renovables.

Entre las recomendaciones destacan la formulación y aprobación de una política nacional del recurso hídrico que contribuya a la solución integral del la conflictividad del agua, el fortalecimiento de la educación y concientización ambiental con énfasis en el agua.

También se recomienda que el Estado cumpla con los tratados y convenios internacionales en materia de agua, que ha firmado y ratificado, tal el caso del derecho humano al agua potable y el saneamiento.

«Debido a los altos valores de contaminación de los ríos y cuerpos de agua es urgente el establecimiento de mecanismos coercitivos que obliguen a las empresas, municipalidades y usuarios en general a tratar el agua utilizada», dice otra de las recomendaciones de la Comisión de Ley de Aguas del CSU de la USAC.

 

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