Día del Periodista: una lucha de más de 200 años

Día del Periodista: una lucha de más de 200 años
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Por José Luis Cutello 

La libertad de expresión es actualmente uno de los temas que unen sin fisuras a los argentinos. Oficialistas, opositores y hasta indiferentes coinciden, más allá de algunas discrepancias, en que la joven democracia nacida en 1983 consolidó poco a poco un marco que les otorga a todos el derecho de buscar, de recibir y de difundir información sin limitaciones. Además, la Constitución Nacional de 1994 habilita a formular lo que piensen en cualquier ámbito y sin restricciones de ningún tipo.

Esto que a priori se supone “una precondición necesaria de la democracia”, para señalarlo en términos de los cientistas políticos, es sin embargo una lucha de más de 200 años que costó muchas encarcelaciones, torturas, proscripciones, exilios y muertes.

Durante las guerras por la independencia y, más tarde, en el proceso de conformación de la Nación, el bien supremo de constituir un Estado fue puesto por sobre la autonomía de la prensa. Y entonces predominó la “tacha de ideas”. Recién después de que se sancionó la primera Constitución, en 1853, hubo una libertad relativa. Relativa porque era la libertad de las elites porteñas o provinciales que podía costearse un diario que difundiera sus intereses. Y porque en cuanto aparecía un periódico que defendiera intereses contrarios retornaba sin pudor la censura.

El siglo XX no fue mejor: hubo cortos períodos de libertad de expresión plena y largos períodos de censuras, no sólo durante las frecuentes dictaduras sino también durante gobiernos democráticos que disponían a su antojo la provisión de papel o directamente expropiaban diarios opositores, como durante los dos primeros gobiernos de Juan Perón, entre 1946 y 1955. La noche más negra de la prensa llegó, no obstante, en los años ’70, durante la omnipresencia del líder de la Triple A, José López Rega, y la última dictadura cívico militar.

Pero tantas luchas célebres a favor de la libertad de expresión (como las de Rodolfo Walsh por citar un caso emblemático) y tantas luchas anónimas (como la de cientos de cronistas exiliados, asesinados o desaparecidos) dieron sus frutos en esta democracia. De acuerdo con las leyes vigentes, los argentinos tienen la más completa autonomía para publicar lo que quieran del tema que se les ocurra porque existe la “Libertad de Ideas”.

De hecho, gracias a una ley presentada por la ex presidenta Cristina Kirchner y aprobada en el Congreso, ni siquiera pueden ser enjuiciados por “calumnias e injurias” si difunden concepciones particulares a través de la prensa. La propia líder política pregonó con el ejemplo, cuando el escritor Mario Vargas Llosa estuvo a punto de ser censurado en la Feria del Libro en 2011 por una corte de “papistas” que querían prohibir el discurso inaugural del premio Nobel de Literatura por sus opiniones descalificadoras sobre el peronismo.

En esos días de encendida polémica, Cristina recordó que la libertad de escribir, imprimir y publicar ideas sin censura previa es una condición que no se negocia en la Argentina desde hace 200 años. En efecto, el 20 de abril de 1811 la Junta Grande presidida por Cornelio Saavedra dictó el primer reglamento sobre libertad de imprenta por iniciativa del deán Gregorio Funes. Por supuesto, hubo que hacer concesiones. Durante los debates que se sucedieron en aquella época, las posiciones fluctuaron entre el rechazo sin medias tintas impulsado por el clero y los “realistas” pro-españoles y la libertad absoluta exigida por los jacobinos de Bernardo de Monteagudo.

De todos modos, la Junta armonizó a los opuestos y concibió una norma que recibió 68 votos a favor y 32 en contra. A partir del reglamento, que se convirtió en decreto en octubre siguiente por disposición del Primer Triunvirato, Buenos Aires estableció la “libertad política de la prensa” y suprimió las llamadas “licencias previstas”, es decir la censura, para los escritos que no fueran religiosos. En esta última aclaración se entiende que las concesiones fueron a la Iglesia, a la que se le otorgó la potestad de “tacha previa” sobre los impresos religiosos, según el artículo 8 de aquella norma.

El decreto aprobado instauró la libertad de “publicar ideas libremente y sin censura previa”, aunque también advirtió que “el abuso de esta libertad es un crimen, su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica, o la Constitución del Estado”. Así se condenaba a escritos “infamatorios, calumniosos y atentatorios contra la decencia y las buenas costumbres”… El germen del juicio por “calumnias e injurias”, delito recién suprimido en el siglo XXI.

Otro aspecto interesante de aquel reglamento es que para saber de cuánta libertad eran capaces los habitantes, el gobierno de Buenos Aires creó “una Junta de nueve individuos con el título de: Protectora de la libertad de la Imprenta”, con el objetivo de “evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación”. Una novedad para estos jóvenes pueblos del Río de la Plata fue que, en caso de violar la ley, “los autores eran responsables de las ideas que publicaban” y, si las ideas eran anónimas, la pena recaería sobre los impresores.

No fue la panacea, pero sí un primer paso hacia una libertad de la que hoy gozamos. Un primer paso importante si se tiene que cuenta que el prolegómeno de la norma reconocía que “tan natural como el pensamiento le es al hombre la facultad de comunicar sus ideas”.

En ese sentido, el gobierno de Buenos Aires sostuvo que “fiel a sus principios, quiere restituir a los pueblos americanos, por medio de la libertad política de la imprenta, ese precioso derecho de la naturaleza que le había usurpado un envejecido abuso de poder, y en la firme persuasión que es el único camino de comunicar las luces, formar la opinión pública y consolidar la unidad de sentimientos, que es la verdadera fuerza de los estados”.

El decreto, copia casi textual de una disposición de las Cortes de Cádiz, fue rubricado finalmente el 26 de octubre de 1811 por Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso, los integrantes del Primer Triunvirato. Paradójicamente, la larga lucha que habían encabezado Mariano Moreno y sus compañeros desde la “Gazeta de Buenos Aires” había sido coronada por Saavedra y el Primer Triunvirato, sus enemigos internos.

Esta contradicción nos hace memorar que ya el 7 de junio de 1810 Moreno editorializaba sobre la libre expresión de ideas: “¿Por qué se han de ocultar? ¿Por qué se les ha de tener (a los pueblos) ignorantes de las noticias prósperas o adversas?”.

Acaso tengamos que volver a hacernos aquellas mismas preguntas.

Gaceta Mercantil 

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Categories: Argentina, De interés