OFAC y la mafia rusa en Cancún

Por Lydia Cacho

El 9 de octubre pasado, agentes especiales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO/PGR), llevaron a cabo un operativo en la empresa de cajas de seguridad First National Security Cancún que inició operaciones desde hace 26 años en esta ciudad del Caribe mexicano. Las personas afectadas aseguran que las autoridades les han robado sus bienes; pero las autoridades aseguran que el operativo responde a una gran investigación sobre lavado de dinero y delincuencia organizada que apenas comienza a revelarse.

CANCÚN, Q. ROO.— El 30 de octubre varios periodistas recibimos un mensaje de whatsapp que dice: “la familia Ancona Teigell recurre a su buen corazón para ayudar y apoyar a nuestro hermano Santiago, representante legal de las cajas de seguridad First National Security, difundiendo las arbitrariedades de la SEIDO, la Marina y PGR (…) Debe hacerse viral”. Varios medios, sin contrastar información, decidieron dar la nota con una sola versión.

Durante los últimos días los representantes legales y el propietario de dichas cajas han omitido explicar el riesgo real en que están sus clientes; de allí que varios de ellos aceptaran ser entrevistados por considerarse víctimas de la autoridad. La mayoría, hasta el domingo 5 de noviembre, supone que el propietario de las cajas es una víctima más de las autoridades.

Mafias y lavado de dinero

Todo comenzó el 2 de septiembre cuando las autoridades obtuvieron la primera evidencia de que miembros de la delincuencia organizada tenían bienes resguardados en cajas privadas. Luego, el 9 de octubre, a las dos de la madrugada, Santiago Ancona recibió una llamada de la policía diciendo que se habían disparado las alarmas de las cajas de seguridad. Al llegar se encontró con agentes ministeriales de la SEIDO y una tanqueta de la Secretaría de Marina. Asegura que no se le mostró orden de cateo. Los agentes entraron y sellaron la bóveda, tomaron las computadoras, documentando con video y fotografías todo lo encontrado en el negocio que provee mil 500 cajas de seguridad privadas a habitantes de Quintana Roo. La clientela va desde exdirectores de periódicos, cónsules honorarios de diversos países, empresarios de clase media, hasta hoteleros y miembros de la delincuencia organizada.

No fue sino hasta el día 30 de octubre que las y los propietarios de las cajas de seguridad se enteraron cabalmente de la situación. Entre el 1 y 2 de noviembre propietarios de bienes guardados en los cofres comenzaron a manifestarse. Dijeron que la SEIDO les había mentido “porque el agente responsable de la delegación de PGR Cancún, respondió que le era imposible revelar datos sobre las razones de la intervención judicial”. Les dijeron que quienes demostraran que tenían pasaportes, visas y bienes propios de origen lícito podrían recuperarlos en las oficinas de la subprocuraduría especializada en la Ciudad de México. Sin embargo, el abogado de la empresa, Jorge Abraham Magaña, argumentó que para evitar que “los pobres clientes tuvieran que ir hasta la Ciudad de México a reclamar sus bienes, bien podrían hacer una denuncia colectiva contra la autoridad”. Los medios locales cubrieron la noticia a medias; diputados y políticos locales intervinieron intentando mediar en algo que, al parecer, ni ellos comprenden.

Esta es, en realidad, una operación resultante de una investigación del Departamento del Tesoro norteamericano de la mano de la PGR respaldada por la Secretaría de Marina (SEMAR), luego de que una fuente revelara que existían en las cajas armas y documentos que podían hacerse líquidos con fines de blanqueo de capitales; la información coincide con confesiones de detenidos relacionados con casos criminales de Cancún. Encontraron varios “drop boxes” de mafias cubanas dedicadas a la trata de personas y de miembros de la mafia rusa aposentada en Quintana Roo, así como tarjetas de crédito diseñadas para robar cajeros electrónicos, entre otros elementos constitutivos de delitos graves.

La evidencia

Desde el 9 de octubre y durante los subsiguientes 21 días, agentes especializados encontraron, en varias cajas, pasaportes falsos de una misma persona, armas de fuego, documentos de personas que fueron secuestradas, libretas de cuentas de Aruba, Isla del Hombre y otros paraísos fiscales que hoy mismo son revelados en los #ParadisePapers.

A partir del año 2012 en México se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (LFPIORPI). El objetivo de dicha ley, según el artículo 2, es proteger al sistema financiero y la economía nacional del manejo de recursos de procedencia ilícita. Según la ley, a partir de su reglamentación, ninguna persona puede guardar dinero en una bodega; a pesar de ello la empresa First National Security lo hace, pues carece de permiso especial para resguarda y custodia de valores financieros; sus abogados lo saben.

En entrevista con cinco usuarios de las cajas, estos dicen que ignoraban que la ley prohibiera que guardaran bienes allí y que el contrato con estas cajas de seguridad lo tienen desde hace más de diez o veinte años, que nunca lo han renovado y no sabían que debían hacerlo. Otra persona entrevistada contrató su caja hace tres años, después de una racha de robos a casas habitación en Cancún y Playa del Carmen.

Esta reportera explicó a tres clientes de las cajas, una empresaria, un empresario y un médico que, en la ley vigente contra el lavado de dinero, el sector bodegas industriales y comerciales fue incluido como actividad vulnerable. A partir de 2012 se determinó que solo los actores financieros y las empresas de resguardo de valores podían almacenar dinero en efectivo y valores líquidos (documentos, joyas, obras de arte, etc.) a partir de 25 mil UDIS. Ambos clientes, al igual que quienes se presentaron públicamente en los últimos días ante el negocio para denunciar a la prensa las “tropelías de la SEIDO”, aseguraron ignorar la existencia de esta ley. Ignoraban que la empresa carece de permiso de custodia de valores y dijeron que ni el propietario ni los abogados del despacho de Jorge Antonio Abraham Magaña, representantes de dicho negocio, cuentan con los expedientes completos de cada cliente. Basta decir que en acceso a uno de los expedientes nos permitió documentar que existen veinte cajas a nombre del finado actor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito (sic), varias a nombre del secretario particular de Mario Villanueva (exgobernador hoy preso) y otras tantas a nombre de personajes ficticios.

Conoce a Tu Cliente (KYC)

Know Your Client es la cláusula (por su nombre en inglés), de la ley anti lavado de dinero que exige a las instituciones financieras conocer el nombre real de sus clientes y los bienes que resguarda. Después de que fuera decretada, muchos bancos decidieron cumplirla y por tanto quienes cometen ilícitos movieron sus recursos a empresas ilegales, bodegas o cajas de seguridad que se negaron a obedecer la ley. Los multimillonarios en cambio llevaron sus bienes a paraísos fiscales que resultan zonas neutras, hasta que llega alguna buena investigación a cuestionarlas.

Una fuente directa especializada en el delito de blanqueo de capitales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asegura que “cuando los bancos comenzaron a exigir datos reales de los propietarios de las cajas de seguridad, surgieron al menos 400 bodegas de resguardo tipo la que fue intervenida en días pasados en Cancún”.

Ante la pregunta explícita a los agentes de la SEIDO, estos respondieron que es muy probable que pronto intervendrán todas las cajas de seguridad que operen en la opacidad, sin importar quién sea su propietario.

Víctimas y criminales en una misma bodega

Frente a cinco decenas de personas cuyos pasaportes, visas, joyas familiares, documentos notariales y colecciones de monedas fueron resguardadas por las autoridades federales, el diputado local del PRI, José Luis Toledo, intentó calmar a las y los afectados sin lograrlo.

Diputado del PRI “Chanito” Toledo

Un grupo de personas se plantó frente al negocio de cajas de seguridad montando un funeral simbólico. Dijeron que “velan la muerte de los artículos 1,14 y 16 de la Constitución”. Con diversos letreros denunciaron “arbitrariedades legales y violación al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el aseguramiento de bienes”, las víctimas escucharon al abogado defensor Jorge Abraham Magaña, quien insistió en culpar a las autoridades omitiendo mencionar la ley antilavado de dinero.

Este pasado fin de semana, varios peritos especializados entraron y salieron de las cajas de seguridad. Capturados en video por medios locales y propietarias de cajas de seguridad, recibieron insultos y fueron acusados de estarse robando los bienes de particulares. Al menos dos de estos especialistas fueron plenamente identificados como agentes antilavado que llevan a cabo acciones avaladas por un juez.

La versión de las autoridades

El titular de la SEIDO, Alonso Lira Salas, finalmente accedió a hablar. Aseguró que un juez otorgó al orden de cateo, que todo el procedimiento judicial fue videograbado, incluyendo la apertura de las cajas. Que las personas afectadas deberán presentarse ante SEIDO/PGR con sus contratos para demostrar qué documentos y bienes tenían guardados y “si estos son de procedencia lícita y no están implicados en la investigación específica, les serán devueltos a sus propietarios”. El funcionario ha insistido en que quienes guardan joyas personales no deberán demostrar su procedencia, pues se entiende que son recuerdos familiares. Tampoco tendrán que demostrar nada quienes tengan resguardado lo que la ley permite; dejó claro que no se investiga a toda la clientela, sino a los propietarios y algunos clientes en particular.

Propietario de cajas pide ayuda

El representante legal de las cajas, Santiago Ancona Teigell, envió, a las 19:07 hrs del 3 de noviembre, un whatsapp masivo a todos sus clientes, denominado “comunicado 2”. En él, les convoca a ir a una oficina provisional para actualizar los datos de sus contratos “a fin de agilizar el proceso de devolución de sus bienes”.

Mientras tanto, esta reportera contrasta la información con uno de los investigadores de la unidad anti lavado de la SHCP quien asegura que Ancona no tiene los contratos completos, que la mayoría carecen de la información que la ley exige, que de las 1,500 cajas al menos el 30 por ciento de los contratos carecen de firmas y respaldo identitario (pasaporte o IFE). Él sospecha, a título personal, que Ancona está desesperado por poner al día los documentos que durante al menos los últimos tres años no lo estuvieron, lo cual constituye un delito.

Intentamos buscar a Santiago Ancona para que respondiese a estas acusaciones, pero nadie puede hablar con él; solo responde vía correo electrónico y hasta el momento de esta publicación no ha sido posible obtener respuesta.

Una mujer norteamericana que guarda sus bienes en una de las cajas “por miedo a perderlos en un huracán”, aseguró ignorar que existe una ley que regula las cantidades de dinero en efectivo que se pueden alojar. Ella confiesa tener miles de dólares en efectivo en cajas privadas; dice que “no tiene por qué conocer la ley mexicana”. Todo parece indicar que casi ninguno de los clientes deFirst National Security Cancúnconoce la ley, no todostienen sus contratos al día.

El domingo 5 de noviembre, a las 15:25 horas, esta reportera preguntó directamente a unos de los clientes afectados si han podido hablar con Santiago Ancona. “No”, dijo. Y agregó: “Respondió la última llamada hace ocho días, lo llamamos estando en las cajas, pues los de SEIDO nos dijeron que la orden del juez solo se la podían mostrar a él. Así que le llamamos para que viniera a dar la cara en las cajas y no quiso venir”. Desde ese momento no ha respondido una sola llamada telefónica de sus clientes o periodistas.

“En cancún murió nuestra Constitiución”, dice un ataúd en protesta.

De acuerdo con Edgardo Buscaglia, experto en blanqueo internacional de capitales, desconocer la ley no exime de responsabilidad a nadie. Buscaglia, quien acuñó la frase “en México hay una permanente orgía entre el dinero sucio y el dinero limpio”, asegura que “México es la tercera economía ilícita más importante del planeta después de China y Rusia, y toda investigación encaminada a exhibir los escondites del dinero sucio es importante”.

Todo parece indicar que la única salida que tiene la clientela de las cajas de seguridad de Cancún es denunciar en bloque a los propietarios quienes, aunque tienen el negocio desde hace casi tres décadas, según las autoridades han ignorado la ley durante un lustro. “Habrán de denunciarle por haber violado la ley al carecer de permisos para custodia de valores y por resguardar armas y dinero de personas con nombres falsos”, asegura el experto de la SHCP.

Un especialista de Washington consultado sobre el tema, en el marco de una investigación periodística más amplia de lavado de dinero en México, asegura que esto es solo el principio; que el Caso Cancún está vinculado a una gran investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro Norteamericano. Dicha oficina es responsable de aplicar sanciones internacionales en el marco de la protección de la seguridad nacional y el lavado de dinero por delitos trasnacionales que pueden incluir recursos para el terrorismo.

 Aristegui Noticias 
Categories: México, Opinión