Declaración del Gobierno Revolucionario

Declaración del Gobierno Revolucionario

El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un teatro de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17 de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.

En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una directiva de política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional” disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales “pueblo a pueblo” a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello con el pretendido objetivo de privarnos de ingresos.

El mandatario estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro país realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.

Trump derogó asimismo la Directiva Presidencial de Política “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual aunque no ocultaba el carácter injerencista de la política estadounidense, ni el objetivo de hacer avanzar sus intereses en la consecución de cambios en el orden económico, político y social de nuestro país, había reconocido la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba y al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual, así como los beneficios que reportaría