Los invisibles de la Quiaca

Los invisibles de la Quiaca

Trata y tráfico de personas en América Latina

Por Diego Granda

Amor de madre

“Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le dicen Daniela, y tiene el pelito más largo”. El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace lo de siempre —cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus—, dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.

Detrás de la esquina hay una whiskería —también les dicen “karaokes”—. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.

Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río –que por lo seco, es más bien un arroyo–. Zona árida, desolada y fría. Faltaban relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.

Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: ella misma ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, actividad que reconoció el Senad0 boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.

El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente que decide por cuenta propia hacerlo, pero en verdad es engañada, para algún tipo de explotación.

Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.

“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina. “No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: “Daniela, vení para acá”.

No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes –cuenta Sotillo–, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.

Comprender o revictimizar

“Lo fundamental para interpretar casos de trata es comprender la psicología de las chicas. Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos y, por lo general, vienen de situaciones previas también de vulnerabilidad”, dice Marcela Rodríguez, responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Trata de Personas de la

Defensoría General de la Nación Argentina. “No es fácil obtener un testimonio, suelen sentir culpa o vergüenza”. Las pericias médicas determinaron que Antonella no se vio involucrada en actividades sexuales, pero varios especialistas coinciden en señalar que los captores suelen someter a las víctimas a un período de “ablande”. A Antonella, a quien ya le habían cambiado la identidad, la salvaron a tiempo.

Como este caso, se repiten otros que no logran ser resueltos por la Justicia. El fiscal federal Federico Zurueta, con jurisdicción en Jujuy, advierte sobre una falla estructural: “Por ley, la trata es un delito federal, y el fuero federal en Jujuy no cuenta con recursos para asistir a las víctimas ni con psicólogos, ni lugares de albergue para alojarlas. La mayoría de los funcionarios, en general, no comprenden a las víctimas, no están acostumbrados, porque salvo en casos de trata, que es un delito relativamente novedoso —al menos en manuales jurídicos—, se trabaja siempre con potenciales delincuentes”. Y las víctimas de trata no son delincuentes, aunque muchas veces se las criminalice.

“Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto sobre el rol de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata”, así lo describe Marcelo Colombo luego de tres años a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la institución que creó el Ministerio Público Fiscal en el 2013 para asistir específicamente a las fiscalías en estas temáticas. “Los operadores judiciales no entienden el sufrimiento, deben ponerse en los zapatos de la víctima. ́Si usted tenía una puerta ahí, por qué no se fue; si usted tenía un celular, por qué no mandó un mensaje ́. Siempre colocando un prejuicio sobre la víctima, pensando que va a actuar como si fuese él, que tiene un hogar, un coche que lo lleva a su lugar de trabajo, que no sufrió manipulaciones psicológicas”, agrega.

Sin datos ni controles

Por la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto de cuántos

menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. Pero existen historias de sobra. La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que “a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma”. Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno para los niños y otro, para los maestros.

“Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y las nenas escapan”, explica la docente.

La Quiaca y Villazón crecieron a principios del siglo XX, cuando el Tren Central Norte —rebautizado después como El Belgrano— unió a la Argentina con Bolivia. Pero la relación de los pueblos antecede incluso a la formación de los Estados nacionales, y

eso se ve en la calle: a diario, argentinos y bolivianos pasan de un lado a otro sin ningún tipo de control. Son dos ciudades contiguas, pero el límite fronterizo es solo una línea imaginaria. Cuando en 1993, el ferrocarril argentino dejó de funcionar, la postal que mejor representó al lugar fue la de una ciudad fantasma. Tardó años —de hecho, continúa en proceso— en reactivarse el comercio binacional por vía terrestre.

En la frontera existe un paso de Migraciones, claro, pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país. Por el mismo sendero en donde se transita, hay tanta basura que viven al menos una docena de cerdos. En la provincia de Jujuy, que tiene poco más de 700 mil habitantes, se radican unos 20 mil bolivianos por año.

El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi — desde este año, es funcionario del juzgado Federal N°1 de la misma provincia— explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga”. Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.

Hay expedientes judiciales que investigan corrupción en el reparto de cupos aduaneros. Son permisos que brinda el Estado argentino para pasar los productos por el control de Tres Cruces, en la ruta nacional N°9, para vendérselos a los bolivianos en La Quiaca, que luego los pasan a Bolivia en carritos, o a lomo, a diario. Este ir y venir vertiginoso de hombres y mujeres, algunos mayores o incluso muy jóvenes, de un lado al otro del límite es la máxima actividad económica de La Quiaca.

Las causas se encuentran en el fuero federal, por tratarse de importación y exportación. El comercio va variando de acuerdo con las fluctuaciones cambiarias de ambos países; hoy, se basa prácticamente en vender harina y azúcar argentina a Bolivia.

Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas.

A pocas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos. En Villazón, la ley boliviana los autoriza, aunque no permite la presencia de menores —valga la aclaración—. Varios de los rescates de la excónsul argentina, Reina Sotillo, según señalan exasesores, ocurrían allí. A plena luz del día. El mecanismo, poco usual, era el siguiente: el juez federal argentino Wenceslao Cardozo redactaba un permiso para que ella pudiera actuar, por una cuestión de competencias. Sotillo se presentaba en el lugar con ese permiso y sacaba a las chicas. Luego, se labraba un acta por el traslado del menor a su lugar de origen.

Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles —que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas—, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.

Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino Santiago Inchausti no le sorprende. “Sólo hay 153 personas condenadas por trata en la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata depersonas en el mundo”, aseguró en el último coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco, convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir abiertamente sobre esta cuestión.

La disertación del joven juez dejó en evidencia la falta de resoluciones en nuestro país. Bergoglio sostenía, antes de ser ungido Sumo Pontífice, que en la Argentina “todavía hay esclavitud de diversas maneras, hay migrantes que son regenteados por migrantes de su mismo país, que ya son gente asumida por este sistema de esclavitud contra sus mismos hermanos”. Entre el 2008 y el 2012, Bergoglio, por entonces cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, y el padre Mario Videla, por entonces director del Departamento de Migraciones del arzobispado porteño, organizaron misas especiales para migrantes y víctimas de trata en los barrios de Barracas y La Boca.

La Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por día pasan 800 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe.

Mula, pasero, esclavo y esclavo

Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores; chicos que son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de la minería ilegal e informal, según el último informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional; o llevados a pisar la hoja en los campos de coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en San Pedro, Jujuy; a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires; adolescentes que terminan enredadas en explotación doméstica o explotación sexual; o trabajos en fábricas de la Patagonia argentina.

El último caso público fue difundido por el departamento de prensa de Gendarmería el 6 de julio del 2016: una nena de tres años a la que buscaban en el conurbano bonaerense apareció en un recorrido del Escuadrón 21, en un paraje llamado “El Sauce”, a pocos kilómetros de La Quiaca, junto a un boliviano de 29 años que ya registraba una “causa por sustracción de menores en grado de tentativa”, según afirmó la gacetilla.

De acuerdo con las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “existen organizaciones criminales en Oruro, Potosí y La Paz, desde donde se traslada a las víctimas de trata a Cochabamba y Santa Cruz, para después sacarlas del país por Yacuiba, Bermejo y Villazón, rumbo a la Argentina”. Basta con ir a la Plaza de Flores o a la terminal de Liniers, en Buenos Aires, para comprender la situación. De acuerdo al último censo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad de bolivianos es la más numerosa entre las extranjeras, seguida de la de paraguayos y la de chinos.

Ausentismo oficial

A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre la cuestión. El tema no aparece en la agenda del Gobierno jujeño; incluso el Ministerio de Seguridad de la Nación, que prorrogó hasta diciembre de este año —a pesar de las críticas durante la última campaña electoral— el plan Escudo Norte de protección integral de fronteras, tiene su oficina más cercana en Tucumán, que queda a 616 km del límite argentino. La lejanía geográfica hace que el control se torne operativamente inviable. El Escuadrón 21 se encuentra bajo la órbita de ese ministerio. La extensión del plan creado por Cristina Kirchner en el 2011 se realizó a través de un decreto firmado por el actual presidente Mauricio Macri al poco tiempo de asumir.

La cabo de la policía boliviana Lucía Ramírez Mamani, directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura que “es frecuente recibir denuncias de personas perdidas o detectar tránsito irregular”. Lizeth Mollo asumió este año en la oficina de tráfico de personas, que depende del Ejecutivo boliviano. “En tres casos comprobamos que podían terminar en trata: dos, de menores llevados sin papeles a la Argentina, y uno desde la Argentina para acá”. Considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina como boliviana, en comenzar una búsqueda. Si un familiar realiza la denuncia, le exigen, primero, documento de identidad, que no todos tienen; y luego, esperar 48 horas para comenzar a buscarlo, por si anda por ahí. Antes de ese lapso no se hace nada, a pesar de que las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal indican lo contrario.

Agujero negro

Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas, aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra debe ser mayor. Recientemente, la institución le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060 personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado. Las cifras continúan mostrando una tendencia contundente: el tráfico ilegal de migrantes atraviesa en un cien por ciento a las distintas modalidades de trata de personas que, sin dudas, es el ejemplo de ataque más flagrante a los derechos humanos que podemos encontrar en estos tiempos.

Publicación de Revista Latice 


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